Con el objetivo de concienciar, sensibilizar y fortalecer las capacidades del personal de puertos, aeropuertos y otros puntos de entrada, además de funcionarios de las instituciones que forman parte de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas de las regionales participantes, se desarrolló un ciclo de jornadas de capacitación en diversas provincias de la República de Panamá organizado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Las jornadas iniciaron el 8 de junio en la Ciudad de Panamá, prosiguieron los días 10 y 11 en Herrera y culminaron el 17 y 18 en Colón. En total se capacitaron más de 100 personas funcionarias, de la mano de especialistas nacionales que han procurado el intercambio de información interinstitucional y cumplir con los diversos instrumentos internacionales ratificados por Panamá, en particular aquellos relativos a la trata de personas y actividades conexas.

Esta actividad forma parte del Programa Regional sobre Migración, financiado por la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela (RMRP), una iniciativa interagencial que ofrece un marco de respuesta integral a las necesidades identificadas de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela y de sus comunidades de acogida y que también busca fortalecer capacidades locales y nacionales.

“Uno de los grandes retos de la lucha contra la trata de personas, en Panamá y la región, es la capacitación adecuada del personal clave en las diferentes instancias cuyo rol es estratégicamente importante para la detección y atención de casos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, con un enfoque integral”, explicó Idiam Osorio, asistente senior de proyectos de la OIM en Panamá.

La trata de personas es un fenómeno que afecta a todos los países del mundo, con un número creciente de víctimas identificadas. A menudo está relacionado con las desigualdades estructurales y los desafíos mundiales, pero es fundamentalmente una violación de los derechos humanos de las víctimas, a quienes se denigra y se les niega su libertad personal para ser utilizados por los tratantes para actividades forzadas para enriquecer las redes criminales.

Con la ratificación de la Ley No 79 del 9 de noviembre de 2011 Contra la Trata de personas y actividades Relacionadas, el gobierno panameño se ha comprometido con una serie de responsabilidades nacionales e internacionales en relación con la prevención, el enjuiciamiento y la protección de las víctimas en su respuesta a la trata de personas.

Dayra Campos, Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad Pública resalta que “en este tiempo de crisis sanitaria causada por la pandemia COVID-19, no es impedimento para que el trabajo de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas siga avanzando junto al apoyo de la OIM, pues el respeto por los derechos humanos, el bienestar físico, mental y social del individuo, su comunidad y la sostenibilidad de las acciones a través del desarrollo de la capacidad institucional continúa siendo una tarea prioritaria. Es por esto que la Comisión amplía el Plan Nacional vigente hasta el año 2022, adecuado a la nueva realidad, sin detenerse.”

En los últimos años se han rescatado a más de 120 posibles víctimas, de las cuales la mayoría eran mujeres. Los casos investigados hacen referencia a trata con fines de explotación sexual cuyas víctimas son principalmente mujeres entre 19 y 30 años de nacionalidad colombiana, venezolana, cubana y costarricense entre otros. Además, ha habido un aumento en los casos de trata con fines de explotación laboral, en actividades relacionadas con construcción e industria, cuyas víctimas son en su mayoría hombres, pero también mujeres, entre 25 y 40 años, de nacionalidades venezolana, nicaragüense, cubana y panameña.

Para más información comuníquese con Mayteé Zachrisson, Asistente de Comunicaciones y Medios de OIM en Panamá, al correo mzachrisson@iom.int.