El Sistema de las Naciones Unidas en Panamá ve con preocupación el incremento de los casos de violencia sexual que afecta a niños, niñas y mujeres, incluyendo a la población refugiada y migrante. Durante el 2021 48% de las víctimas fueron personas menores de 14 años.

El Sistema de las Naciones Unidas en Panamá reconoce los esfuerzos del Estado Panameño en materia de Derechos Humanos y se suma para trabajar conjuntamente en la aplicación e implementación urgente todas las medidas necesarias - administrativas, legislativas, y de políticas públicas, incluyendo sociales y educativas - para prevenir y erradicar la violencia sexual en el país, siguiendo los estándares internacionales de derechos humanos en la materia. De igual forma, hace un llamado a la ciudadanía para que los diferentes sectores y actores sociales, comunidades y familias protejan a sus niñas, niños, adolescentes y mujeres de estos graves hechos de violencia.

De conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño, estas medidas deben tomarse para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. Para ello, es esencial que las instituciones y los servicios sociales tengan más presencia a nivel nacional para que estén cerca de las familias y las comunidades, garantizando la aplicación del interés superior del niño que es un principio fundamental recogido en la Ley 285 del 2022 que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. De igual forma deben tomarse las acciones que permitan en todo momento una aplicación rápida, efectiva y oportuna de la interrupción del embarazo cuando se cumplan las causales de exclusión de la pena previstas en el artículo 144 del Código Penal de la República de Panamá.

El Sistema de las Naciones Unidas reitera su apoyo a los esfuerzos que realiza el Gobierno de Panamá para eliminar toda forma de violencia, incluyendo la violencia sexual contra los niños, niñas, adolescentes y las mujeres; así como en el fortalecimiento de las instituciones para la provisión de justicia y que las intervenciones realizadas garanticen la no revictimización, los derechos fundamentales, la integridad y la protección de las víctimas.