Las personas titulares de las Defensorías del Pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc González; de Costa Rica, Catalina Crespo Sancho; de Colombia, Carlos Camargo; y de Ecuador, Zaida Elizabeth Rovira, se reunieron el 4 de agosto de 2021 en el corregimiento de Capurganá, Municipio de Acandí.  

Acordaron en una declaración conjunta velar por la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, así como impulsar de manera coordinada rutas humanitarias con el propósito de superar los factores de riesgo en las zonas más peligrosas del trayecto. 

Además, se establecerá un mecanismo de trabajo entre las Defensorías del Pueblo de estos cuatro países para desarrollar acciones conjuntas, en el marco de los respectivos mandatos de defensa y promoción de los derechos humanos, para que, durante su paso por cada uno de los Estados, las personas migrantes reciban un trato digno y respetuoso de sus derechos humanos. 

También participaron en este encuentro la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF). 

La declaración señala que seguirán trabajando conjuntamente en estrategias de prevención, detección, atención especializada de las personas migrantes que han sido víctimas de violencia sexual, trabajo infantil, trata de personas, tráfico de migrantes, explotación laboral y otras formas de vulneración. 

El trabajo tendrá un enfoque de protección integral de la infancia y la adolescencia, en especial la no acompañada, y procurando siempre la reunificación familiar, igualmente, para la protección de niñas, las jóvenes, mujeres gestantes y madres lactantes, así como adultos mayores y personas con discapacidad. 

En su tránsito hacia Norteamérica, los flujos migratorios mixtos de personas extracontinentales y del Caribe entran a Panamá a través del Tapón del Darién, luego llegan a Costa Rica, y pasan por otros Estados centroamericanos. En el proceso enfrentan enormes riesgos y dificultades como estigma, discriminación, exclusión y abuso por parte de organizaciones criminales quienes, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad en que se encuentran, les explotan laboral o sexualmente, los utilizan como transporte humano, entre otras. 

Las personas migrantes transitan generalmente por rutas irregulares, lo que ha representado el mayor desafío para el análisis, diseño y aplicación de políticas públicas para la garantía de sus derechos. “Cada 30 minutos en Capurganá veíamos llegar botes de 30 a 40 personas abarrotados”, menciona un medio de comunicación nacional al cual dio declaraciones Eduardo Leblanc, Defensor del Pueblo de Panamá. 

El Ombudsman panameño también declaró que “con voluntad, desprendimiento, colaboración y aceptación de las causas que hacen salir de sus pueblos a las personas migrantes, juntos podemos hacer de su camino un poco más humano.” 

“La OIM trabaja para fortalecer las capacidades de las instituciones vinculadas en la cotidianidad para lograr el desarrollo de políticas e implementación de mecanismos para la atención de las condiciones de vulnerabilidad de la población migrante”, explica Idiam Osorio, Especialista Técnica de Proyectos y Programas de OIM en Panamá. 

Se trata, sin lugar a duda, de una situación de carácter internacional, y que en consecuencia demanda el trabajo articulado de las Defensorías del Pueblo con miras a visibilizar el fenómeno y su impacto en la garantía de los derechos humanos de todas las personas migrantes, para que las autoridades de todos los Estados de tránsito y destino adopten medidas conducentes a proteger y garantizar sus derechos. 

Las Defensorías del Pueblo reafirman, a través de esta declaración, su compromiso para trabajar y velar por la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y manifiestan su profunda preocupación por la situación de la población migrante, refugiada y con necesidades de protección internacional, que se encuentra actualmente en el municipio de Necoclí, procedentes de África, Asia, Cuba y Haití. Esto ha generado un represamiento de cerca de 10.000 personas, según datos de las autoridades colombianas. 

Para más información comuníquese con Mayteé Zachrisson, Asistente de Comunicaciones y Medios de OIM en Panamá, al correo mzachrisson@iom.int.